SUDÁFRICA:
DE LA “NACIÓN ARCOÍRIS” AL ODIO XENÓFOBO
La transición de Sudáfrica del oprobioso régimen del
apartheid hacia el ideal de una “Nación arcoíris” inclusiva, democrática y
tolerante como lo soñara Nelson Mandela, en la actualidad enfrenta grandes
desafíos. Las tensiones económicas y sociales y las marcadas diferencias de
clase han provocado el surgimiento de brotes de violencia xenófoba,
convirtiendo a migrantes de los propios países africanos en sus principales
víctimas.
El concepto primigenio de la “Nación arcoíris” lo diseño el
gran Mabida para celebrar la diversidad cultural, racial y lingüística del
país, buscando dejar atrás siglos de segregación institucionalizada. Sin
embargo, décadas después, amplios sectores de la población negra siguen
sufriendo exclusión económica y falta de servicios básicos, en un escenario
donde las desigualdades estructurales heredades del régimen segregacionista
nunca fueron eliminadas de raíz.
Las fuertes imágenes registradas las últimas semanas en la
cosmopolita Johannesburgo, la capital Pretoria, el puerto de Durban y en la
histórica ciudad de Soweto, resultan difíciles de conciliar con ese legado
político que forjo Mandela. Miles de manifestantes han salido a las calles
exigiendo la expulsión inmediata de inmigrantes africanos; barrios enteros han
sufrido ataques organizados; comercios pertenecientes a extranjeros han sido
saqueados; familias completas han abandonado precipitadamente sus viviendas por
temor a ser asesinadas y varios gobiernos africanos se han visto obligados a
organizar operaciones de evacuación para sus ciudadanos.
“Sudáfrica sigue siendo una de las economías
más desarrolladas del continente africano,
también es una de las sociedades más
desiguales
del mundo. La liberación económica aplicada
en
Sudáfrica desde finales de los años noventa
permitió
mantener la estabilidad económica, pero
no redujo significativamente la desigualdad”
Esta violencia xenofóbica constituye la expresión más dramática de un proceso de deterioro que lleva años incubándose. Detrás de las agresiones se encuentra una sociedad profundamente frustrada por el desempleo, la miseria, la corrupción política y la percepción cada vez más extendida de que la transición democrática no consiguió transformar las estructuras económicas y sociales heredadas del apartheid.
Si bien Sudáfrica sigue siendo una de las economías más
desarrolladas del continente africano, también es una de las sociedades más
desiguales del mundo. Según el Banco Mundial, la liberación económica aplicada
en Sudáfrica desde finales de los años noventa permitió mantener la estabilidad
económica, pero no redujo significativamente la desigualdad. Paradójicamente,
ese mismo modelo económico continúa ejerciendo una poderosa atracción sobre
millones de ciudadanos del África austral. Desde hace más de un siglo, las
minas sudafricanas, la agricultura comercial, la construcción y el sector
informal han dependido del trabajo de migrantes procedentes de Mozambique, Lesoto, Zimbabue, Malawi,
Botsuana o Esuatini (la antigua Suazilandia). La migración regional no
constituye, por tanto, un fenómeno reciente, sino uno de los elementos
centrales del desarrollo económico sudafricano.
Tras la instauración de la democracia en 1994, esa dinámica
migratoria se intensifico. La relativa estabilidad institucional de Sudáfrica,
unida al deterioro económico y político registrado en varios países vecinos,
convirtió al territorio sudafricano en el principal destino para millones de
africanos que buscaban nuevas oportunidades laborales. Las estadísticas
oficiales estiman que aproximadamente tres
millones de extranjeros residen actualmente en territorio sudafricano,
equivalentes alrededor del cuatro o
cinco por ciento de la población nacional.
“No existe evidencia empírica que permita
atribuir a los inmigrantes la responsabilidad
de la crisis económica del país. Por el
contrario,
consideraran que los extranjeros han
terminado
convirtiéndose en un “conveniente chivo
expiatorio”
sobre el que se proyectan frustraciones
generadas
por problemas estructurales”
Durante años, esta inmigración fue considerada una
consecuencia natural de la integración impulsada tras el fin del apartheid. Sin
embargo, a medida que el crecimiento económico comenzó a desacelerarse y las
dificultades sociales se agravaron, una parte creciente de la opinión pública
empezó a identificar, erróneamente, a los inmigrantes como responsables
directos del desempleo, del aumento de la delincuencia y del deterioro de los
servicios públicos.
Diversas organizaciones de derechos humanos y estudiosos de
la realidad sudafricana, sostienen que no existe evidencia empírica que permita
atribuir a los inmigrantes la responsabilidad de la crisis económica del país.
Por el contrario, consideraran que los extranjeros han terminado convirtiéndose
en un “conveniente chivo expiatorio”
sobre el que se proyectan frustraciones generadas por problemas estructurales
cuya responsabilidad corresponde, principalmente, al prolongado fracaso de las
políticas públicas y a la incapacidad del sistema económico para generar empleo
y servicios básicos suficientes.
Las explosiones periódicas de violencia contra inmigrantes
africanos no constituyen un fenómeno nuevo en Sudáfrica. Desde el fin del apartheid,
el país ha registrado sucesivas oleadas de ataques xenófobos, especialmente en 2008,
2015, 2019 y nuevamente durante este año. Sin embargo, diversos especialistas
consideran que la actual crisis presenta un rasgo diferencial respecto de las
anteriores: la creciente institucionalización del discurso antiinmigrante y la
aparición de organizaciones capaces de transformar el malestar social en un
movimiento político permanente.
“Durante esas semanas se sucedieron
los desalojos forzados, las amenazas contra
familias inmigrantes, el cierre de pequeños
comercios y ataques contra barrios enteros
ocupados mayoritariamente por extranjeros”
El episodio más dramático de esta nueva ola de violencia comenzó
durante el mes de abril de este año. A partir de ese mes, diversos grupos
antiinmigración iniciaron campañas públicas exigiendo que todos los extranjeros
en situación irregular abandonaran el país antes del 30 de junio. Aunque dicho ultimátum
careciera completamente de sustento jurídico, logró generar un clima de terror que
provoco el desplazamiento de decenas de miles de personas incluso antes de
expirar el plazo fijado por sus promotores.
Durante esas semanas se sucedieron los desalojos forzados,
las amenazas contra familias inmigrantes, el cierre de pequeños comercios y
ataques contra barrios enteros ocupados mayoritariamente por extranjeros. Numerosos
propietarios expulsaron preventivamente a sus inquilinos africanos por temor a
represalias, mientras miles de personas comenzaron a concentrarse en centros
temporales de acogida organizados por las representaciones diplomáticas de sus
respectivos países.
Ante el riesgo de una escalada mayor, varios gobiernos
africanos han organizado operaciones especiales de evacuación. Nigeria, Ghana,
Malawi, Mozambique y Zimbabue coordinan vuelos especiales y convoyes terrestres
para facilitar el retorno voluntario de miles de ciudadanos que ya no consideran
seguro permanecer en territorio sudafricano. Otros Estados como: Kenia y Lesoto
han emitido advertencias recomendando a sus nacionales extremar las medidas de
seguridad o abandonar temporalmente el país.
Treinta y dos años después de que Nelson Mandela proclamara
que Sudáfrica volvía ocupar su lugar “en el seno de la humanidad”, la mayor
potencia económica del continente se encuentra ante una disyuntiva histórica.
Pude optar por reconstruir el proyecto democrático e inclusivo que inspiró el
nacimiento de la “Nación arcoíris” o permitir que la frustración económica, el
nacionalismo excluyente y la erosión institucional transformen la esperanza del
pos-apartheid en un régimen de confrontación entre los más vulnerables.
La resolución de ese dilema no determinará únicamente el futuro
de Sudáfrica. También condicionará la credibilidad del proyecto panafricano y
el papel que la principal economía africana aspire a desempeñar en un
continente cada vez más interdependiente y sometido a profunda presiones
demográficas, económicas y geopolíticas.








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