¿África está en venta?

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

En varios países del África subsahariana, se están vendiendo grandes extenciones de tierras a firmas transnacionales
y países extranjeros, para cultivos de productos para la exportación, generando la migración obligada de la
población pobre que habita esa zona. 

Ahora no son las potencias europeas, quienes se disputan el territorio africano a golpe de fusil y machete por sus recursos naturales o por el comercio de esclavos, como sucedió durante siglos a lo largo de la historia del África, sino que son los propios gobiernos africanos –muchos de ellos con grandes dosis de corrupción- los que, en la actualidad, deciden vender al mejor postor su propio país.

Parece difícil de creer, pero esa es la situación que se está dando en algunos países del África subsahariana. Según un reporte sobre Agricultura Sostenible en el África, publicado recientemente por Oxfam-África, desde hace una década los gobiernos de los países en desarrollo han arrendado, vendido o están negociando la cesión de 227 millones de hectáreas de tierras o unos 2.25 millones de kilómetros cuadrados a inversores extranjeros, más del 70% de estos contratos se han dado en el África subsahariana.

Países como: Mozambique, Sudán del Sur, Etiopía, Zambia, Liberia, Madagascar, incluso pequeños países como Uganda están cediendo grandes extensiones de tierra a firmas transnacionales y países extranjeros. En la mayoría de los casos, estas adquisiciones conllevan la expulsión de las comunidades locales de las tierras en las que habitan.

La aejecución de los grandes proyectos hidroeléctricos, está generando
el fin de la agricultura de autoconsumo y la expulsión de las comunidades
de campesinos de las tierras en las que habitan.

Estas tierras son utilizadas, por los compradores para el cultivo de productos de exportación como aceite de palma, cereales o arroz, así como para la producción de la industria de biocombustibles (caña de azúcar, girasol, soja) o para destinar estas tierras para proyectos hidroeléctricos. Pero esta situación se vuelve más injusta, al saber que en algunos de estos países (como es el caso de Sudán del Sur o Etiopía) parte de su población requiere de asistencia humanitaria continua, para no pasar hambre.

Fue en el año 2010, en que estas ventas de tierra alcanzaron su auge. Un incremento motivado, según el informe, por la subida del precio de los alimentos a nivel internacional. Y fue a partir de entonces cuando grandes inversores privados, en su mayoría occidentales y países como China e India pero también Arabia Saudita, Kuwait y Corea del Sur, se lanzaron a comprar tierras en el extranjero, para orientarlos a la agricultura de bienes comestibles o para darles un uso comercial o energético.

“Las adquisiciones conllevan la

  expulsión de las poblaciones locales”

“Firmas chinas llegan a estas zonas

  con sus trabajadores”

Parece que estos inversores han ido encontrando los bocados más apetitosos en el África subsahariana. Una zona que precisamente cuenta con enormes extensiones de tierra cultivable que no están siendo desarrolladas. Así, dejar su administración a firmas extranjeras podría parecer, en principio, una solución positiva. Sin embargo, lo que podría ser un camino hacia la modernización tecnológica y el desarrollo del empleo local, en la práctica no beneficia a la comunidad, al campesino local, por que los gobiernos no están sabiendo negociar esas cesiones.

En el informe de Oxfam, se demuestra que en la práctica, casi todos los casos de cesión de tierras a inversores extranjeros, han acabado muy mal para las poblaciones locales, han terminado en lo que se llama acaparamiento de tierras. El acaparamiento de tierras consiste en la sustracción de tierras rurales, con el consentimiento de los propios gobiernos, por parte de inversores internacionales para darles un uso comercial, negándoles el acceso a esas tierras a los campesinos que tradicionalmente las usaban para ganarse la vida.

La deforestación del 20% de bosques, es producto del mal uso que se le
esta dando a las tierras vendidas a las empresas y países extranjeros.

Estas firmas internacionales que invierten en África rechazan estas acusaciones y defienden que sus actuaciones contribuyen al desarrollo de zonas no productivas. Tenemos el caso de la empresa británica New Forests Company, a la que Oxfam acusa de haber provocado el desalojo forzoso de más de 20,000 campesinos en Uganda, en su defensa la compañía se describe como: “una empresa con una trayectoria impecable en inversiones sociales, que en su corta vida no solo ha creado más de 2,000 empleos en remotas comunidades rurales en Uganda, sino que ha incrementado su acceso a la salud y educación a esas poblaciones”.

Al margen de lo que digan estas empresas, la realidad es que en estas cesiones de tierra, se ignoran  los derechos de las comunidades indígenas cuyo sustento depende de esas tierras. Si el objetivo es beneficiar a las poblaciones locales, entonces esta gente debería ser incluida en las conversaciones y en la toma de decisiones, para que sus intereses sean tenidos en cuenta.

Sin embargo, en muchas ocasiones, los que acaban trabajando en las nuevas plantaciones, no son personas de las comunidades locales, sino jornaleros provenientes de otras zonas. Además, las empresas chinas  suelen traer a sus propios trabajadores, que de esta forma desplazan a los agricultores locales.

“La falta de regulación facilita

  el acaparamiento de tierras”

“Se desaprovecha la ocasión de impulsar

  el desarrollo de estos Estados”

Según datos de Oxfam, el África subsahariana es la zona del planeta que cuenta con más kilómetros cuadrados de tierra cultivable sin utilizar o sin ser suficientemente productiva. Ello se debe al poco interés de los gobiernos en crear proyectos de desarrollo agrícolas sustentados: en créditos baratos, oferta de insumos adecuados y capacitación tecnológica orientada a los campesinos. Pero los expertos ven una segunda razón para el hecho que la mayoría de las adquisiciones de grandes extensiones de tierra se den precisamente en esa zona: gobiernos corruptos y ausencia de leyes y regulaciones adecuadas.

El hecho de que varios de los gobiernos africanos no cuenten con demasiadas credenciales democráticas y de que apenas existan leyes que regulen las condiciones de trabajo, la protección del medio ambiente o la propiedad de la tierra de las comunidades locales, parecen contribuir al especial interés que suscitan las tierras africanas entre las grandes empresas extranjeras, las potencias europeas y los principales países emergentes.

La moratoria por 20 años sobre las adquisiciones masivas de tierras y la
prioridad en la agricultura familiar, destinada a la producción de alimentos
para la poblacion africana, son las soluciones inmediatas a este problema.

Ocurre además, que en la mayoría de los países africanos el dueño de las tierras es el Estado, que no suele reconocer el derecho consuetudinario que podría dar la propiedad de las tierras a las comunidades de campesinos que llevan viviendo en ellas y trabajándolas durante generaciones.

Esta venta indiscriminada de tierras agrícolas, no solo ha ocasionado la drástica disminución de la producción de cultivos comestibles, orientados al consumo humano, lo que ha originado que el continente africano ha dejado de autoabastecerse de alimentos, desde hace una década el África tiene un déficit agrícola del casi 30%, el cual lo suple con la importación de alimentos, cada vez más caros. Además, ha tenido que afrontar el proceso de deforestación de un 20% de sus bosques, producto de la puesta en ejecución de proyectos energéticos (hidroeléctricas), todo lo cual ha sucintado la expulsión o reubicación de la población campesina originaria de esas zonas.

Para enfrentar este grave problema, que pareciera que no le interesa a la comunidad internacional, el informe de Oxfam-África recomienda una moratoria de 20 años sobre esas adquisiciones masivas de tierras, para que en ese tiempo se pueda priorizar la agricultura familiar y nacional destinada a producir alimentos para las poblaciones africanas. Y también para que se realice un análisis muy serio y en profundidad de qué significan y que consecuencias tienen estas ventas indiscriminadas y masivas de tierras. Pensar que África, que está con hambruna, este alimentando a poblaciones de otros continentes, es algo insólito.

LA  TRATA  DE  PERSONAS: VICTIMAS  DEL  OLVIDO

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

Las Naciones Unidas en su último informe anual, calcula tentativamente que en el año 2012 la cifra de niños
africanos víctimas del tráfico de personas, llegaba a los 130,000 menores.

El pasado lunes 23 de setiembre se conmemoró el Día Internacional Contra la Trata de Personas, crimen que consiste en el secuestro de individuos, especialmente mujeres y niños, para explotarlos sexual o laboralmente o para comercializar sus órganos.

La trata de personas no es un problema menor en el mundo y ocupa nada menos que el tercer puesto entre los delitos más lucrativos para las mafias del crimen organizado, solo le ganan el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas.

Según el último Informe de las Naciones Unidas sobre el Tráfico de Personas, los niños es el eslabón más débil y vulnerable de esta cadena de explotación y en especial los menores de los países del África subsahariana. El número de menores víctimas de este tráfico, que son obligados a trabajar o explotados sexualmente en África, sigue creciendo cada año.

El Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños de Naciones Unidas, la define como; “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esta explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

En el África, la pobreza extrema, la falta de educación, el desempleo,
crean las condiciones que facilitan la trata de menores.

Esta amplia y pormenorizada definición es importante, porque en muchas partes del África el uso de menores se produce con el consentimiento de sus padres o incluso de los mismos niños o niñas. En la mayoría de los países del continente, la pobreza extrema, el alto número de hijos, la falta de oportunidades educativas, el desempleo, el bajo estatus del que goza las mujeres, la ignorancia, crean las condiciones que facilitan este tipo de prácticas.

Los menores y sus familias son engañados, como siempre suele suceder en estos casos, con la promesa de una vida mejor. Es así como se explica la explotación de cientos de miles de menores cada año. La ONU en su informe, calcula tentativamente que al año 2012 la cifra bordeaba los 130,000 menores víctimas de este tráfico de personas.

Niñas y niños que se les priva de su derecho a la educación, a la salud, a crecer en el seno de una familia y a la protección contra los abusos y que se convierten, en base a esta perversa practica, en una fuente de ingresos y negocio para los traficantes. Como vemos, la trata de niños es una práctica que nos humilla y deshumaniza a todos. Todos lo sabemos, sabemos que está ahí y muchas veces se nos olvida o preferimos olvidarlo, ocultarlo, ignorarlo. Que hacen los gobiernos de los países desarrollados para consentir semejante crimen. No se puede creer que sean capaces de invertir altas sumas de dinero en perseguir y matar a un terrorista en cualquier parte del mundo y no sean capaces de impedir esta barbarie.

Pero claro, mientras el gobernante africano sea un aliado de los Estados Unidos o de Europa, puede ser el más corrupto y no pasa nada. Si no poseen petróleo es peor, nos olvidamos de “llevar la democracia” a los pobres africanos, es la hipocresía humana en su máxima expresión.

Guinea Ecuatorial, dictadura que es apoyada por los paises occidentales,
es uno de los principales destinos para los menores sometidos
a trajos forzados, como el comercio ambulatorio.

Según el informe de la ONU que estamos glosando, Guinea Ecuatorial, la dictadura decana del continente, gobernada por un sátrapa, pero aliado y socio de las grandes potencias, por sus recursos petroleros, ese país, es uno de los principales destinos para los menores sometidos a trabajos forzados. Los niños y niñas son transportados de los países vecinos, principalmente de Nigeria, Gabón, Benín, Camerún y obligados a trabajar como vendedores ambulantes o lavanderos. La mayoría de las víctimas son explotadas en la capital, Malabo u otras principales ciudades de Guinea, donde la creciente industria petrolera está creando una alta demanda de mano de obra barata y explotación sexual.

En este informe, también se señala que en Camerún, por ejemplo, los intermediarios suelen transportar dos o tres menores a la vez. Estos niños o niñas suelen provenir de pequeñas aldeas rurales y se consiguen con engaños. Los padres entregan a sus hijos a cambio de la promesa de educación o de una mejor vida en la ciudad. Sin embargo el estudio indica que cada vez más los tratantes o traficantes recurren al secuestro de los menores y a otras formas violentas de intimidación, ya que gracias a las campañas de sensibilización llevadas a cabos en distintas zonas del país, los padres son cada vez más consientes de la situación y consecuentemente, más reacios a entregar a sus hijos o hijas a los intermediarios.

La única solución a la trata de menores, como a tantos otros problemas
que afectan a los niños africanos, radica en la educación.

Por otro lado la Unidad Africana, ha lanzado una iniciativa dirigida a luchar contra el tráfico humano en África. Uno de los objetivos de la campaña es convertir esta lucha en una de las prioridades de las agendas de desarrollo de los distintos países del continente.

Poco a poco, se ha ido consiguiendo que los distintos Estados introduzcan legislaciones que favorezcan una lucha conjunta y la cooperación más allá de las propias fronteras. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer en este campo para ser más efectivas esas leyes, sobre todo a la hora de implementarlas.

Y a pesar de todo ello, el número de niños y niñas victimas del tráfico o trata de menores sigue creciendo y las técnicas utilizadas para conseguirlos son cada vez más violentas. Quizás, la solución a este problema, como a tantos otros de los que afectan a niños del África, radique principalmente en la educación.

EL  ATENTADO EN  KENIA: TERRORISMO  GLOBAL

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

El símbolo del desarrollo y auge económico de Kenia, se derrumbó por la demencia del fanatismo de Al Shabab.
es como si, el pasado sabado, se hubiera reeditado otro 11 de setiembre en el país africano.

Acallado el ruido ensordecedor de la metralla y despejado el denso humo que produjo el derrumbe de gran parte del Westgate, el más lujoso y moderno centro comercial de la ciudad de Nairobi, las imágenes que nos ofrecen todos los medios de comunicación son desgarradoras, no solo por la cantidad de víctimas que produjo la demencia asesina del fanatismo religioso, sino por la destrucción y desolación en que quedó, la más exclusiva zona económica, de una de las más cosmopolitas capitales del África.

Porque precisamente, los éxitos económicos y la prosperidad relativa que ha construido Kenia, desde su independencia, se ha forjado en base a la gran cantidad de inversionistas extranjeros que se han visto atraídos por los variados recursos naturales y la gran industria turística que ofrece el país. Entre los capitales que han llegado a Kenia están entre otros muchos, empresarios israelíes, quienes son precisamente, los dueños del famoso centro comercial afectado. 

El saldo de la tragedia: 72 muertos, la mayoria clientes y empleados del
centro comercial, 200 heridos y más de 70 desaparecidos.

El brutal y sanguinario atentado en Kenia, ha dejado como saldo trágico, más de 70 muertos, la mayoría de ellos civiles, entre clientes y empleados del complejo comercial, 5 terroristas y 6 militares, así como cerca de 200 heridos. Obviamente este es un balance provisional ya que entre los escombros puede haber más muertos, ya que la Cruz Roja señala que hay más de 70 desaparecidos.

Es evidente que el grupo terrorista somalí Al Shabab, perpetrador de esta masacre, es una franquicia de Al Qaeda, cuyos miembros son de una multiplicidad de países musulmanes que tienen a occidente como su más frontal enemigo.

Pero el germen de la masacre que ha sacudido a Nairobi, había empezado a gestarse en octubre del 2011, cuando una columna de tanques y una importante cantidad de soldados kenianos entraron a castigar a Somalia. Esta incursión militar respondía a los constantes actos de piratería, secuestros y pillajes que realizaban somalíes pertenecientes a Al Shabab y cuyas fechorías estaban amenazando no solo la prosperidad sino la propia seguridad de Kenia.

Esta situación colocó al Westgate, como símbolo de su prosperidad económica, en un objetivo casi obligado del terrorismo somalí y cuyo riesgo había sido anunciado por los servicios de inteligencia europeos. Adicionalmente, abonó a favor de este brutal atentado el hecho de que hace cuatro años, al ser secuestrado un funcionario estadounidense de una empresa petrolera, un grupo de élite de la marina de los Estados Unidos, realizó una operación militar que les costó la vida a varios piratas somalíes, autores del secuestro.

Muchas de estas acciones militares han pasado desapercibidas para la prensa mundial. Ahora, con esta acción suicida y criminal, los terroristas de Al Shabab han puesto en la primera plana a su grupo fundamentalista, siendo esto uno de sus objetivos.

No se puede desconocer la participación de un grupo de élite del ejército israelí, en el recate del centro comercial. Incluso el presidente Uhuru Kenyatta, agradeció la participación de soldados extranjeros, pero se abstuvo de dar detalles por razones de seguridad.

El estratégico Cuerno del África es un objetivo político y militar de
los integristas musulmanes, para crearles problemas a occidente.

No son los únicos extranjeros que han participado en esta trama, se ha confirmado la presencia de foráneos, tanto del lado de los comandos anti-terroristas, como del lado de los insurgentes, la CNN ha mencionado que por lo menos tres terroristas son de nacionalidad estadounidense y dos británicos.

Como se ve, el terrorismo esta globalizado, lo mismo que el combate a este. Esta globalización del terrorismo fundamentalista, como vemos, también ha llegado desde hace más de una década, al continente africano. El Cuerno de África, estratégica región muy próxima al Mar Rojo y al Océano Índico, es una zona marítima que se ha convertido, en paso obligado de los buque-tanques petroleros que se abastecen en la península Arábica y se dirigen hacia Europa.

Es por ello, que los grupos integristas musulmanes tratan de imponer su presencia fanática en esta región, para crearles problemas a occidente e implantar a la fuerza, su doctrina coránica en países como Somalia, Uganda, Etiopia y Kenia, naciones tradicionalmente aliadas de occidente. Esta desestabilización del Cuerno del África, surge en Somalia por condicionamientos regionales y características muy particulares.

Cuando el Estado somalí colapsó en 1991, el país se hundía en el caos y la violencia. Fue en ese momento que nacieron los tribunales islámicos, destinados a aplicar la mal llamada justicia ciudadana y a establecer el orden, bajo la mirada complaciente de los círculos empresariales y comerciales del país, que antes veían sus negocios colapsar por tanto desgobierno. De esos tribunales islámicos nació Al Shabab -que en árabe significa juventud, porque mayoritariamente está formado por estudiantes coránicos-, que luego establecería alianzas con Al Qaeda.

Fue exactamente en el año 2006 que se crea Al Shabab, cuando Sheikh Hassan Dahir, líder de los tribunales islámicos, llama a la guerra santa contra Etiopia, país que conforma el llamado Cuerno de África y que apoyaba con sus soldados, al gobierno de transición somalí. Al Shabab apelaba al fervor nacionalista para expulsar del país al “enemigo extranjero”.

Las milicias de Al Shabab estan conformadas por extranjeros de los países
árabes, EEE.UU., Inglaterra, es decir, el terrorismo integrista se ha
globalizado.

Etiopia finalmente retira a sus tropas afines del 2008. Posteriormente, al año siguiente, el jefe de Al Shabab aparece en un video en el que declara a su grupo como parte de la red de Al Qaeda. Es en ese momento que ingresan a sus filas entre 700 y 800 combatientes extranjeros procedentes de países árabes, de Estados Unidos, Inglaterra y de Pakistán, es decir, la milicia somalí se globaliza.

Por ese entonces este movimiento islamista controlaba el 75% del territorio de Somalia, mientras que el débil gobierno de transición, elegido por el parlamento, solo tenía soberanía sobre algunos barrios de la capital Mogadiscio. Meses después, las fuerzas de paz de la Unión Africana -UA- consiguen recuperar terreno, aprovechando las divisiones al interior de la milicia somalí, entre quienes eran partidarios de extender internacionalmente la guerra santa a toda la región y los nacionalistas, quienes propugnaban consolidar sus posiciones solo en el mismo territorio somalí.

En julio del 2010, tres bombas estallan en Kampala capital de Uganda, causando la muerte de 74 personas. Al Shabab reivindica ese atentado, que será el primero fuera de las fronteras de Somalia y que marcará el punto de quiebre para los países africanos, que con el apoyo logístico y militar de los Estados Unidos, deciden luchar contra el terrorismo, enviando dos mil soldados y armamento moderno a Somalia para proteger al gobierno y enfrentar a Al Shabab, logrando recuperar una gran parte del país.

Como decíamos líneas arriba, fueron justamente soldados kenianos quienes retomaron el control de Somalia, incluyendo el estratégico puerto de Kismayo, uno de los bastiones económicos de los terroristas. Y es en venganza por dicha intervención que el debilitado Al Shabab decide atacar el pasado sábado, el moderno centro comercial keniano y ahora amenaza con realizar atentados sangrientos en todos los países que mantienen tropas en Somalia.

Ante esta peligrosa situación, solo le queda a la comunidad internacional, denunciar estas atrocidades que se cometen contra la población civil, aislar a los focos terroristas enquistados en esta región y combatir a estas organizaciones fundamentalistas con todas las armas e instrumentos legales posibles, pero eso sí, evitando la presencia de fuerzas militares extra-continentales en el conflicto, las cuales solo protegerían los intereses económicos o geopolíticos de las grandes potencias.

  

LOS  CONFLICTOS OLVIDADOS

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

Guerrilleros del Frente para Liberación del Enclave de Cabinda -FLEC- que luchan por su autonomía, contra el
gobierno de Angola y en donde la riqueza petrolera y los interes de las multinacionales son las claves
de este conflicto.

En el último año, los radares de la prensa internacional han estado siguiendo diversos conflictos de diferente gravedad, que se han estado dando en el continente africano, la intervención militar francesa en Malí y el recrudecimiento de la violencia en Somalia ha despertado a estos dos países africanos del letargo noticioso que sufrían en los últimos tiempos.

Un caso similar al de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana o la lucha entre Sudán y Sudán del Sur, quienes de forma cíclica pasan del anonimato a la plena actualidad informativa, gracias a su gravitación económica o geopolítica, que permiten la intervención de las potencias occidentales.

Sin embargo, hay otro tipo de conflictos en el continente africano: los desconocidos, los que se dejan de lado, los conflictos olvidados. Aquellos cuya existencia e identidad se limitan a las propias fronteras, de ese tipo de conflictos, vamos a desarrollar en esta entrada tres ejemplos.

El desierto de Ogaden, donde se mezcla la lucha autonomista y
el fundamentalismo islámico.

El caso más singular quizá sea la guerra en el desierto de Ogaden. En esta región al este de Etiopía, que limita con la inestable Somalia, en donde viven más de ocho millones de personas, campea en las dos últimas décadas una lucha armada entre el gobierno central de Adis Abeba y la guerrilla del Frente de Liberación Nacional del Ogaden -ONLF- según sus siglas en ingles, quienes no reconocen la autoridad de las fuerzas etíopes en la zona.

El extenso desierto del Ogaden es una de las regiones que configuran la antigua “Gran Somalia”.  Es por ello, que la guerrilla del ONLF fue uno de los primeros grupos armados del Cuerno del África al que se le vinculó de forma más beligerante con Al Qaeda. No obstante, pese a los crímenes cometidos por ambos actores, a principios del año pasado el gobierno de Etiopía, aseguró el comienzo de una ronda de negociaciones de paz con la milicia. Sin embargo a fines de ese año, las buenas intenciones del gobierno tocaban a su fin, por la tozudez y la falta de interés de la guerrilla.

El ONLF reivindica teóricamente, mayor autonomía y el desconocimiento de la constitución del país, pero en la practica la guerrilla del Ogaden están jugando en pared con los grupos fundamentalistas islámicos que asolan a la vecina Somalia. Es por ello, que estas organizaciones lo único que buscan es la desestabilización de todo el Cuerno del África.

Es decir, con la guerrilla de Al Shabaab, otra organización fundamentalista, atacando Somalia e incursionando en Kenia  -recordemos el atentado en el centro comercial en Nairobi- y la milicia del Ogaden acosando a Etiopía, estaría prácticamente, todo el Cuerno del África bajo la amenaza del radicalismo islámico.

En lo que va de este año 55 militares han fallecido y más de 10 bases militares han sido atacadas en acciones armadas protagonizadas por  la guerrilla, que lo único que han conseguido por parte del gobierno, es la dación de leyes draconianas que están restringiendo y limitando los espacios democráticos en el país y los derechos  ciudadanos de los etíopes.

La solución al conflicto de Casamance en Senegal, está en la agenda
política del presidente Macky Sall.

No menos enrevesado, aunque de menor perfil, resulta el conflicto de Casamance, considerado uno de los más antiguos enfrentamientos armados en el continente africano -más de 30 años de lucha- y ejemplo de fracaso negociador de sus actores.

En él, se entrelazan las luchas de poder entre la guerrilla del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance -MFDC- y el gobierno de Senegal. Pero sobre todo, las diferencias históricas y culturales entre las modernas y prosperas ciudades del norte del país y la pobreza sureña. Y para ser más preciso, entre la etnia diola mayoritaria en la región sureña de Casamance y de confesión católica y animista y los wolof grupo étnico dominador del país y mayoritariamente musulmán.

Los primeros europeos en llegar a Casamance, un territorio enclavado entre las actuales Gambia y Guinea Bissau, fueron los portugueses, que la convirtieron en fuente de esclavos para su lucrativo negocio.  Sin embargo tras la Conferencia de Berlín y el reparto del África, este territorio pasó a formar parte del África francesa. Pero los diola, aferrados a sus ancestrales tradiciones ofrecieron una tenaz resistencia a la colonización.

Francia decidió utilizar a los wolof para someter y discriminar a los diola, ya que los puestos de la administración eran ocupados por gentes provenientes del norte, lo que acrecentó el malestar diola hacia esa etnia.

Esta situación se siguió produciendo tras la independencia de Senegal en 1960. La llegada de los colonos del norte durante los años posteriores a la independencia no hizo sino aumentar ese malestar, sobre todo tras el reparto de las mejores tierras entre los recién llegados, hecho que los habitantes originarios de Casamance consideraban una usurpación. Este malestar y encono contra el gobierno senegalés estalló en forma violenta al constituirse en 1982 la guerrilla del MFDC, cuyos esporádicos operativos militares estaban dirigidos contra las bases del ejército de Senegal asentadas en la zona.

Milicias del Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamance
-MFDC- que se enfrentan al gobierno de Senegal.

Aunque es de baja intensidad, el conflicto de Casamance ha generado unos cinco mil muertos en estos más de 30 años. Demasiado tiempo, que sin embargo no ha generado hasta ahora, avances significativos hacia la paz. Sucesivos acuerdos han fracasado, entre otras razones por la negativa del gobierno senegalés a ceder soberanía a una parte de su territorio y por las múltiples escisiones y rivalidades internas en la guerrilla autonomista.

Pero tras años de lucha silenciosa, por fin, el actual presidente senegalés Macky Sall, parece haberse fijado el fin del conflicto de Casamance, como una cuestión determinante en su agenda. Por la estabilidad de una de las democracias más estables del África, esperamos que el gobierno de Senegal logre plenamente los objetivos de su agenda.

Es no obstante, el último conflicto, quien mas portadas ha acaparado en los últimos años. En el año 2010, el autobús de la selección de fútbol de Togo era tiroteado a su paso por la región de Cabinda en Angola, durante la previa de la Copa Africana de Fútbol. La acción armada, en la que tres personas fallecieron, suponía la ruptura del alto el fuego entre el gobierno de Luanda y el Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda -FLEC- iniciado cuatro años antes.

El objetivo del FLEC es la independencia de Cabinda, ahora parte del territorio de Angola. Pero este país no está dispuesto a desprenderse de una región rica en recursos petroleros y gasíferos, estratégica zona donde se extrae el 60% del petróleo que produce Angola. Como tantas otras veces, los intereses de las multinacionales del petróleo y las luchas entre Estados Unidos, Francia y China por poseer esferas de poder económico en el continente, son las claves para entender este conflicto.

La provincia angoleña de Cabinda está enclavada en las costas de la
República Democrática del Congo.

Cabinda, como se aprecia en el mapa adjunto, es una de las provincias de Angola, que está separada del resto del país por la República Democrática del Congo.  Desde el siglo XV en las costas de Cabinda se crearon asentamientos portugueses, ingleses y holandeses dedicados al tráfico de esclavos. Pero hasta 1885 no se convirtió en colonia portuguesa, años después  Cabinda empezó a depender de Luanda, la capital de Angola.

En 1975 Portugal le concede la independencia a Angola y este país incorpora a Cabinda a su territorio. Desde ese momento se forma la guerrilla autonomista en Cabinda y empieza la lucha armada en contra del gobierno angoleño. 

Habría que recordar, que el naciente gobierno angoleño estaba dirigido por el socialista Movimiento Popular de Liberación de Angola, organización de izquierda que empieza a desarrollar una serie de reformas sociales en el país e iniciando una estrecha relación política, diplomática y militar con Cuba. Por lo cual la guerrilla de Cabinda empieza a recibir apoyo logístico y reconocimiento político de los gobiernos conservadores del África, como: la antigua Zaire, la República Centroafricana, Gabón, Uganda, entre otros estados gobernados por dictaduras pro occidentales. Con el paso de los años, el fin de la guerra fría y la pérdida de la intensidad del conflicto, se haN perdido totalmente los apoyos a la causa de Cabinda.

Desde hace cinco años, existe una situación de repliegue de las acciones militares de la guerrilla del FLEC, salvo el atentado contra el equipo de fútbol togolés, los independentistas de Cabinda, tanto por sus divisiones internas, como por los éxitos militares del ejército angoleño, han perdiendo la iniciativa militar y política en este conflicto.

No cabe duda que nos encontramos ante otro conflicto africano, como los anteriormente descritos, con profundas raíces coloniales. De nuevo se cuestiona la inviolabilidad de las fronteras establecidas por las potencias europeas: que no es tal, como ya hemos visto en los casos de Sudán del Sur y de Eritrea. Y una vez más se pone a prueba la capacidad de las partes para resolver el conflicto sin recurrir a la violencia.

Es una pena que se desaproveche una oportunidad de resolver estos conflictos olvidados que han causado innumerables victimas, refugiados y atraso económico a los países involucrados.

KENIA: UN  PRESIDENTE     BAJO  SOSPECHA

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

Con el juicio a la cúpula política de Kenia se inicia el primer gran proceso de la Corte Penal Internacional -CPI-
ante las criticas y limitaciones que ha estado presentando este tribunal mundial.

“Solo van por los pequeños y dejan irse a los peces gordos”. A acusaciones como esta se enfrentan desde su fundación, hace once años, los jueces de la Corte Penal Internacional -CPI-, ubicada en la ciudad holandesa de La Haya.

Pero aparentemente, parece que ahora sí, el tribunal enseña los dientes; por primera vez en su historia, un político de alto nivel, una autoridad en ejercicio del poder, está respondiendo por crímenes de lesa humanidad. El vice-presidente de Kenia William Ruto, está compareciendo ante los magistrados de la CPI desde el 9 de setiembre, por la ola de violencia que siguió a los comicios presidenciales del 2007 y que acabó con la vida de más de mil personas y generó más de medio millón de desplazados de sus hogares, en un terrible episodio de violencia étnica y política.

Este proceso penal, solo es el principio para la cúpula política keniana, en noviembre seguirá el juicio contra el mismísimo presidente del país, Uhuru Kenyatta, al que también se responsabiliza de asesinatos, persecuciones, violaciones y deportaciones, llevadas a cabo en el mismo proceso electoral del 2007.

El vice presidente de Kenia William Ruto, está en el banquillo de la CPI
por la ola de violencia que siguió a los comicios del 2007.

Ahora, Uhuru Kenyatta no es cualquier político, ha sido senador, ministro y heredero de una de las grandes fortunas de Kenia, pero lo más importante de su curriculum, es que es hijo del fallecido líder independentista, fundador de la República y primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, el histórico líder de la tribu de los maumau, quienes lucharon heroicamente por la indepemdencia de Kenia contra el ejército Ingles.

Pero lo que se va juzgar en la CPI no es el pasado independentista, sino la historia reciente del país, los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los comicios del 2007 y que paradójicamente enfrentaron en bandos antagónicos a Ruto y Kenyatta, los que ahora comparten el poder en Kenia.

Las elecciones presidenciales de aquel año, fueron muy polarizadas el recuento final de los votos arrojó un resultado muy ajustado: Mwai Kibaki, que se presentaba a la reelección, apoyado por Kenyatta, obtuvo el 47% de los votos frente al líder de la oposición Raila Odinga, quien tenía como su segundo a William Ruto, consiguiendo el 45%. Las acusaciones de fraude, avaladas en parte por los observadores internacionales, no tardaron en aparecer, lo que no impidió que el presidente Kibaki, de la etnia kikuyu, etnia mayoritaria en el país, jurara su cargo a los pocos días.

Desde ese momento, el país se deslizó por una peligrosa pendiente de violencia. Partidarios del líder opositor Odinga, perteneciente a la etnia luo, se echaron a la calle a protestar y fueron violentamente reprimidos por la policía, lo que inauguró una espiral de violencia desenfrenada entre ciudadanos de las dos etnias, que incendiaron los suburbios de la capital Nairobi y otras ciudades del país durante dos meses. Hay testigos que aseveran, que tanto Kenyatta como Ruto, dirigían a bandas armadas de kikuyus y luos respectivamente, que iban con machete en mano a la caza de sus adversarios políticos, incendiando todo a su paso. 

El presidente Uhuru Kenyatta tambien será juzgado por el tribunal
internacional, acusado por crímenes de lesa humanidad.

Luego de estas espeluznantes jornadas de muerte, que cobraron la vida de mil trescientas personas y más de medio millón de refugiados, en febrero del 2008 el presidente Kibaki y su opositor Odinga alcanzaban un acuerdo político y creaban un gobierno de unidad nacional, con el primero como presidente y el segundo como primer ministro.

Pero hasta hoy, las heridas de la violencia de las elecciones del 2007, están muy presentes en Kenia, no en vano unas 100,000 personas siguen viviendo en campos de refugiados en los países vecinos y los operadores políticos que llevaron al caos al país, Uhuru Kenyatta y William Ruto, siguen dominando la política en su país.

Luego de cinco años de estos hechos violentos, ambos caudillos se presentaron juntos a las elecciones presidenciales de julio de este año, logrando ganar holgadamente los comicios. A pesar de ello, los crímenes perpetrados durante los interminables dos meses que duro el conflicto, no fueron olvidados por la comunidad internacional y bajo el principio de la no caducidad de los delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional, en un hecho histórico, abrió proceso penal a las dos máximas autoridades de la política keniana.

Pero no nos dejemos engañar, es bueno que los autores de estos crímenes horrendos, se vean enfrentados a la justicia internacional para que sean juzgados por sus actos, pero este proceso no nos asegura que los verdaderos autores de estos crímenes serán condenados, la CPI lamentablemente, sea visto reiteradamente muy presionada por los intereses políticos, económicos y geopolíticos de las grandes potencias.

Hay que recordar, que la Corte Penal Internacional fue creada en 1998 gracias al Estatuto de Roma, instrumento internacional que no ha sido firmado por todos los países del mundo, empezando por los Estados Unidos. Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, pero hasta ahora, luego de once años de vigencia, solo se ha llevado ante la justicia internacional a señores de la guerra regionales o ex dictadores africanos jubilados, pero los instigadores de los peores actos de crueldad contra la humanidad siguen sin ser molestados. La CPI avanza lentamente al respecto, pero la lentitud no es su única causa.

El tribunal navega por un mar minado de intereses políticos. Hay once órdenes de arresto no ejecutadas porque los Estados afectados no colaboran con la corte o porque hay otros intereses políticos de fondo.

Durante dos meses bandas armadas de kikuyus y luos ibán con machete
en mano asesinando e incendiando todo a su paso.

Así, la CPI emitió hace cinco años una orden de arresto internacional contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado de genocidio en Darfur. Pero la corte no dispone de policía propia, sino que depende de la ayuda de otros países para cumplir esa orden de arresto. Y estos países temen que el proceso judicial pudiera arrojar más leña al fuego en la conflictiva región del este de África.

Al margen de la nula operatividad demostrada por la CPI, hay que advertir que todos los casos abiertos ante esta corte provienen del continente africano. Pese a que existen, en otras partes del mundo (Colombia, Birmania, Georgia, Bielorrusia, Túnez, Yemen) casos comprobados y denuncias documentadas de crímenes contra la humanidad, las únicas órdenes de arresto emitidas e investigaciones y procedimientos en curso se centran solo en los países del África subsahariana.

Es éste argumento suficiente para lanzar críticas fundadas o no, contra la labor del tribunal. Considerado por algunos un apéndice más del neocolonialismo que subyuga al continente negro, un arma usada por las grandes potencias, como los Estados Unidos que protege a sus amigos o aliados, como los líderes militares de  Birmania o al ex dictador de Yemen, por su política anti-terrorista en contra de Al Qaeda; o el caso de Rusia que nunca permitiría que su aliado bielorruso o georgiano sean procesados por los crímenes cometidos contra su pueblo; sin olvidar los interés franceses que siempre fueron defendidos por el genocida ex presidente de Túnez. Y esto es solo, un pequeño ejemplo de los intereses geopolíticos que se mueven detrás de las decisiones de la CPI.

Lo cierto es que la Corte Penal Internacional nace con un objetivo claro: juzgar aquellas “atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad”. Y con tan mala fortuna, que los crímenes más graves siguen teniendo lugar SOLO en el continente africano.

APRENDIENDO  DEL  MÁS  POBRE

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

Malaui es el mejor ejemplo de los países pertenecientes al "club de la miseria", naciones que por distintas
características no solo se mantienen en la pobreza, sino que tiene muy pocas posibilidades de salir de ella.

¿Qué podemos aprender de un país pobre?, ¿Qué nos puede enseñar una sociedad en donde campea el hambre y la miseria? Nada. Lamentablemente, aunque parezca duro y cínico decirlo, esto es lo que siempre han pensado los países que han alcanzado un cierto desarrollo económico -como las naciones de América Latina- de los países pobres, en especial de las naciones del África Subsahariana. Al margen de la diplomacia y de las buenas maneras y lo que es políticamente correcto para una buena y civilizada convivencia internacional, Latinoamérica siempre ha mirado, como por encima del hombro a los países pobres del continente africano.

Claro, América Latina siempre se ha considerado la clase media internacional, en su suelo han surgido los llamados “milagros económicos”: “el milagro brasilero”, “el milagro chileno” y ahora “el milagro peruano”, su clase política ha sido tan torpe, que han confundido desarrollo sostenido, con una simple acumulación por la mejora en los términos de intercambio. 

La clase política de nuestro continente, al margen del protocolo y las políticas de Estado, nunca le interesó, ni se comprometió con términos como: Tercer Mundo, el Grupo de los 77, el Dialogo Sur-Sur y ahora las Cumbres de ASA (América del Sur-África), porque en política internacional estos países, siempre han privilegiado las relaciones bilaterales con las grandes potencias y ahora los TLC con los países emergentes, antes que la construcción de mecanismos de concertación y cooperación económica, política o cultural con otros países en desarrollo, como las naciones africanas.

Este país mediterraneo, cuya economía esta basada en la
agricultura y su población es mayoritariamente rural,
a logrado muchos avances en educación y salud.

Por supuesto, que hay algunos países del continente americano como: Brasil, Cuba, Colombia y Venezuela, que por motivos culturales, históricos y étnicos, en los últimos tiempos, sí han edificado una relación privilegiada con los países africanos. Pero la gran mayoría de las naciones de la región latinoamericana, no valoran, por un mal entendido pragmatismo económico, las relaciones que se puedan construir con los países africanos.

Y no me equivoco en afirmar, que América Latina por ignorancia o prejuicios no entiende lo rápido que esta mutando África, incluyendo los países más pobres de ese continente y lo alejada que está de la tópica mirada occidental, siempre perdida entre la piedad y el miedo o mejor, entre la mitología, la antropología y el convencionalismo persistente de que allí solo se puede producir horror, guerras o hambre y solo existen catástrofes, fieras, tribus y pobreza. Sin entender, que en la actualidad hay mucho que aprender de los logros alcanzados por los países africanos y aún de los países más pobres de ese continente.

Y para comprobar esta afirmación, haremos una comparación entre el país más pobre del África subsahariana y la nación que en los últimos tiempos alcanzado el mayor crecimiento económico en Latinoamérica. Es decir, una comparacion sustentada en cifras entre Malaui y el Perú, un cotejo de guarismos que podría traernos sorpresas.

Según la última edición del Reporte Global de Competitividad 2013-2014, Malaui es la economía más pobre del mundo en términos per cápita: US$ 253 al año. Para tener una dimensión de lo que ello significa, los peruanos producen anualmente US$ 6,530 por persona.

Malaui es el ejemplo perfecto de los país pertenecientes al llamado “club de la miseria”, es decir, el grupo de países que por distintas características no solo se mantienen en la pobreza sino que tiene muy pocas posibilidades de salir de ella. La gran mayoría de estas naciones son mediterráneas -no tienen litoral-; poseen riquezas naturales, las cuales están explotadas por transnacionales que dejan muy pocos ingresos al país; gran parte de su población vive de la agricultura; y además están entrampados en conflictos internos, en corrupción, tienen frágiles instituciones políticas y económicas y están rodeados de países parecidos a ellos.

              “Si a Latinoamérica le faltan

                  Ideas, que le pregunten a

                  Malaui cómo tenerlas. Al

                     menos en eso pueden

                        darnos ejemplo.”

Cualquiera imaginaría que, si comparamos las bases estructurales de Malaui y del Perú, evidentemente los peruanos saldrían mejor parados. Por algo el Perú produce 26 veces lo el malauí promedio crea en un año. Pero increíblemente, no es tanto así.

El país africano, esta mejor colocado que el Perú, en diversos aspectos institucionales: en cuanto a independencia del poder judicial, confianza en su clase política, en calidad de educación primaria, cobertura de salud, eficiencia en regulación de los servicios públicos, Malaui está en un puesto más adelantado en el Reporte de Competitividad, es decir, es más competitivo, tiene mayor idoneidad, aptitud y capacidad en estos rubros institucionales que el Perú.

Pero antes de entrar a las cifras en detalle, habría que añadir que Malaui, una antigua colonia británica que se independizó en 1964, no solo es, desde hace más de veinte años, una solida democracia sino que además, es el segundo país del África que está gobernado por una mujer. La señora Joyce Hilda Banda llegó a la presidencia de su país el año pasado, después de la muerte del presidente Bingu Wa Mutharika, ella fue elegida vice-presidenta en las elecciones del 2009 y cumplió meritoriamente su función en el ejecutivo. 

Ahora como Jefa de Estado, su gestión presidencial se ha caracterizado: por defender los derechos humanos de las mujeres y de las minorías sexuales; reforzar la lucha contra la corrupción estatal; robustecer y dar la independencia necesaria al poder judicial; además se ha convertido en una defensora tenaz por el mantenimiento y preservación del medio ambiente.

La presidenta Joyce Hilda Banda es una activista de los derechos de la
mujer y las minorías sexuales, así como impulsora de campañas
 anti-corrupción.

Aunque, la economía de Malaui está basada en la agricultura y tiene una población altamente rural, con la buena administración de la ayuda internacional, a logrado destacados avances en el campo de la economía, educación y salud.

Pero volvamos a las cifras, que nos ofrece el Reporte de Competitividad, en el rubro respeto a los derechos de propiedad, aspecto crucial en el desempeño de una economía, el Perú aparece en el puesto 102, mientras Malaui está en el 95. Suena a mentira, pero no lo es. En cuanto a la independencia del Poder Judicial, por otro lado, los peruanos aparecen en el puesto 126, los malauí en el 59. En el importante rubro peso regulatorio del gobierno Perú en el puesto 113 y Malaui en el 49. Y como para terminar las odiosas comparaciones institucionales, respecto a la confianza en la clase política, el Perú aparece en el puesto 131, Malaui en el 73. 

En resumen, el ambiente institucional de Malaui es más robusto que el peruano. Y si queremos ser multidimensionales, el país africano está mejor que los peruanos en otras variables claves: calidad de educación primaria (el Perú ostenta el puesto 145, Malaui 109), calidad del sistema educativo en general (el Perú, 134; Malaui, 92), cobertura de salud (Perú, 129; Malaui, 66), total de la carga tributaria (el Perú, 81; Malaui, 58), por solo mencionar algunas.

   “Malaui es más competitivo, tiene mayor idoneidad,

    aptitud y capacidad en los aspectos institucionales                                       que el Perú” 

Después de esta comparación, la pregunta es obvia: ¿Cómo así el Perú es más ricos? En principio, al revisar el reporte encontramos aspectos claves del modelo económico que viene aplicando Latinoamérica y que significan, quizás, las principales diferencias entre el Perú y Malaui: tenemos una mejor estructura macroeconómica (gasto público, inflación), mejor desarrollo de la infraestructura local (carreteras, trenes, aeropuertos), y mayor apertura comercial.

Es decir, siendo nuestro modelo uno limitado por instancias institucionales y algunos ítems sociales, nuestro marco económico incentiva la competencia local. Mayor competencia significa mayor productividad, y mayor productividad se traduce en mayores ingresos por persona.

Aunque parezca mentira, el Perú y estoy seguro que varios países de la región latinoamericana, tienen mucho que aprender de Malaui, no solo sobre lo que podemos mejorar, sino también sobre lo que tenemos que proteger. Para empezar, las reformas estructurales que necesitamos (mejores instituciones, mejor calidad educativa, eficiencia en regulaciones) no tienen como prerrequisitos ser ricos.

Por eso, si al Perú o algún otro país de América Latina, le faltan ideas, que le pregunten a Malaui como tenerlas. Al menos en eso pueden darnos una lección, ya que tenemos mucho que aprender de ellos, a pesar de su pobreza.