KENIA: UN  PRESIDENTE     BAJO  SOSPECHA

Por: Javier  Fernando  Miranda  Prieto

Con el juicio a la cúpula política de Kenia se inicia el primer gran proceso de la Corte Penal Internacional -CPI-
ante las criticas y limitaciones que ha estado presentando este tribunal mundial.

“Solo van por los pequeños y dejan irse a los peces gordos”. A acusaciones como esta se enfrentan desde su fundación, hace once años, los jueces de la Corte Penal Internacional -CPI-, ubicada en la ciudad holandesa de La Haya.

Pero aparentemente, parece que ahora sí, el tribunal enseña los dientes; por primera vez en su historia, un político de alto nivel, una autoridad en ejercicio del poder, está respondiendo por crímenes de lesa humanidad. El vice-presidente de Kenia William Ruto, está compareciendo ante los magistrados de la CPI desde el 9 de setiembre, por la ola de violencia que siguió a los comicios presidenciales del 2007 y que acabó con la vida de más de mil personas y generó más de medio millón de desplazados de sus hogares, en un terrible episodio de violencia étnica y política.

Este proceso penal, solo es el principio para la cúpula política keniana, en noviembre seguirá el juicio contra el mismísimo presidente del país, Uhuru Kenyatta, al que también se responsabiliza de asesinatos, persecuciones, violaciones y deportaciones, llevadas a cabo en el mismo proceso electoral del 2007.

El vice presidente de Kenia William Ruto, está en el banquillo de la CPI
por la ola de violencia que siguió a los comicios del 2007.

Ahora, Uhuru Kenyatta no es cualquier político, ha sido senador, ministro y heredero de una de las grandes fortunas de Kenia, pero lo más importante de su curriculum, es que es hijo del fallecido líder independentista, fundador de la República y primer presidente de Kenia, Jomo Kenyatta, el histórico líder de la tribu de los maumau, quienes lucharon heroicamente por la indepemdencia de Kenia contra el ejército Ingles.

Pero lo que se va juzgar en la CPI no es el pasado independentista, sino la historia reciente del país, los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante los comicios del 2007 y que paradójicamente enfrentaron en bandos antagónicos a Ruto y Kenyatta, los que ahora comparten el poder en Kenia.

Las elecciones presidenciales de aquel año, fueron muy polarizadas el recuento final de los votos arrojó un resultado muy ajustado: Mwai Kibaki, que se presentaba a la reelección, apoyado por Kenyatta, obtuvo el 47% de los votos frente al líder de la oposición Raila Odinga, quien tenía como su segundo a William Ruto, consiguiendo el 45%. Las acusaciones de fraude, avaladas en parte por los observadores internacionales, no tardaron en aparecer, lo que no impidió que el presidente Kibaki, de la etnia kikuyu, etnia mayoritaria en el país, jurara su cargo a los pocos días.

Desde ese momento, el país se deslizó por una peligrosa pendiente de violencia. Partidarios del líder opositor Odinga, perteneciente a la etnia luo, se echaron a la calle a protestar y fueron violentamente reprimidos por la policía, lo que inauguró una espiral de violencia desenfrenada entre ciudadanos de las dos etnias, que incendiaron los suburbios de la capital Nairobi y otras ciudades del país durante dos meses. Hay testigos que aseveran, que tanto Kenyatta como Ruto, dirigían a bandas armadas de kikuyus y luos respectivamente, que iban con machete en mano a la caza de sus adversarios políticos, incendiando todo a su paso. 

El presidente Uhuru Kenyatta tambien será juzgado por el tribunal
internacional, acusado por crímenes de lesa humanidad.

Luego de estas espeluznantes jornadas de muerte, que cobraron la vida de mil trescientas personas y más de medio millón de refugiados, en febrero del 2008 el presidente Kibaki y su opositor Odinga alcanzaban un acuerdo político y creaban un gobierno de unidad nacional, con el primero como presidente y el segundo como primer ministro.

Pero hasta hoy, las heridas de la violencia de las elecciones del 2007, están muy presentes en Kenia, no en vano unas 100,000 personas siguen viviendo en campos de refugiados en los países vecinos y los operadores políticos que llevaron al caos al país, Uhuru Kenyatta y William Ruto, siguen dominando la política en su país.

Luego de cinco años de estos hechos violentos, ambos caudillos se presentaron juntos a las elecciones presidenciales de julio de este año, logrando ganar holgadamente los comicios. A pesar de ello, los crímenes perpetrados durante los interminables dos meses que duro el conflicto, no fueron olvidados por la comunidad internacional y bajo el principio de la no caducidad de los delitos de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional, en un hecho histórico, abrió proceso penal a las dos máximas autoridades de la política keniana.

Pero no nos dejemos engañar, es bueno que los autores de estos crímenes horrendos, se vean enfrentados a la justicia internacional para que sean juzgados por sus actos, pero este proceso no nos asegura que los verdaderos autores de estos crímenes serán condenados, la CPI lamentablemente, sea visto reiteradamente muy presionada por los intereses políticos, económicos y geopolíticos de las grandes potencias.

Hay que recordar, que la Corte Penal Internacional fue creada en 1998 gracias al Estatuto de Roma, instrumento internacional que no ha sido firmado por todos los países del mundo, empezando por los Estados Unidos. Su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad, pero hasta ahora, luego de once años de vigencia, solo se ha llevado ante la justicia internacional a señores de la guerra regionales o ex dictadores africanos jubilados, pero los instigadores de los peores actos de crueldad contra la humanidad siguen sin ser molestados. La CPI avanza lentamente al respecto, pero la lentitud no es su única causa.

El tribunal navega por un mar minado de intereses políticos. Hay once órdenes de arresto no ejecutadas porque los Estados afectados no colaboran con la corte o porque hay otros intereses políticos de fondo.

Durante dos meses bandas armadas de kikuyus y luos ibán con machete
en mano asesinando e incendiando todo a su paso.

Así, la CPI emitió hace cinco años una orden de arresto internacional contra el presidente de Sudán, Omar al Bashir, acusado de genocidio en Darfur. Pero la corte no dispone de policía propia, sino que depende de la ayuda de otros países para cumplir esa orden de arresto. Y estos países temen que el proceso judicial pudiera arrojar más leña al fuego en la conflictiva región del este de África.

Al margen de la nula operatividad demostrada por la CPI, hay que advertir que todos los casos abiertos ante esta corte provienen del continente africano. Pese a que existen, en otras partes del mundo (Colombia, Birmania, Georgia, Bielorrusia, Túnez, Yemen) casos comprobados y denuncias documentadas de crímenes contra la humanidad, las únicas órdenes de arresto emitidas e investigaciones y procedimientos en curso se centran solo en los países del África subsahariana.

Es éste argumento suficiente para lanzar críticas fundadas o no, contra la labor del tribunal. Considerado por algunos un apéndice más del neocolonialismo que subyuga al continente negro, un arma usada por las grandes potencias, como los Estados Unidos que protege a sus amigos o aliados, como los líderes militares de  Birmania o al ex dictador de Yemen, por su política anti-terrorista en contra de Al Qaeda; o el caso de Rusia que nunca permitiría que su aliado bielorruso o georgiano sean procesados por los crímenes cometidos contra su pueblo; sin olvidar los interés franceses que siempre fueron defendidos por el genocida ex presidente de Túnez. Y esto es solo, un pequeño ejemplo de los intereses geopolíticos que se mueven detrás de las decisiones de la CPI.

Lo cierto es que la Corte Penal Internacional nace con un objetivo claro: juzgar aquellas “atrocidades inimaginables que conmocionan profundamente la conciencia de la humanidad”. Y con tan mala fortuna, que los crímenes más graves siguen teniendo lugar SOLO en el continente africano.