DE YIBUTI A MALI:
¿LA DISPUTA NEOCOLONIAL?
El pasado 11 de abril, Ismail Omar Guelleh fue electo
presidente de Yibuti, un país de poco más de 23 mil kilómetros cuadrados que,
pese a su reducida extensión territorial, concentra en su suelo bases militares
de diversas potencias: Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Italia y Japón. A
ello se suman los proyectos de países de la Península Arábica, como Arabia
Saudita, que buscan instalar nuevas infraestructuras militares, atraídos por la
densidad geoestratégica de este importante enclave africano.
El pequeño Yibuti se sitúa al oeste del estrecho de Bad
Al-Mandeb, una angosta franja marítima que enlaza el Golfo de Adén con el Mar
Rojo y que constituye uno de los corredores más sensibles para el comercio
mundial. En la orilla opuesta se ubica Yemen, donde la organización
política-militar Ansar Allah -popularmente conocida como hutíes- ha confrontado
las políticas expansionistas y genocidas de países como Israel y Estados
Unidos.
En este marco, la elección de Guelleh no resulta
sorprendente, aunque en cualquier otro contexto suscitaría mayores
cuestionamientos. Guelleh llegó al poder en 1999 y, con las elecciones de este
año, consolida su quinta reelección, inaugurando así un sexto mandato. A sus 78
años, enfrentó a un solo rival y obtuvo más del 97% de los votos, cifra que
contrasta con las críticas internas a su proyecto autoritario. No obstante, su
permanencia en el poder solo se sostiene por el respaldo de las potencias
occidentales, que privilegian la estabilidad que garantiza sus intereses.
“La alianza con fuerzas rusas fue
concebida como una estrategia viable,
en parte inspirada en la experiencia
vivida en la República Centroafricana,
donde se había logrado una reducción
considerable de la violencia criminal”
De este modo, mientras algunos gobiernos autoritarios
prolongan su permanencia en el poder sin mayores sanciones porque se subordinan
a los deseos de las grandes potencias, otros son severamente cuestionados y
sancionados porque obstaculizan sus beneficios, como ha ocurrido en el caso de
Mali. En mayo de 2021, Assimi Goita llegó al poder en Mali mediante un golpe de
Estado, justificado por la inestabilidad crónica y el largo despojo colonial.
Desde enero del 2013, Francia había intervenido militarmente en este país del
occidente africano bajo el pretexto de combatir el terrorismo yihadista; sin
embargo, ocho años después, la violencia, la injusticia y las desigualdades no
solo persistían, sino que se habían intensificado. En ese contexto, el discurso
de Goita se erigió como un rechazo directo a los intereses expansionistas
franceses, exigiendo la retirada de sus fuerzas armadas del territorio
maliense.
La salida de Francia, sin embargo, no prometió una
transformación inmediata. La violencia, profundamente enraizada y las
desigualdades históricas que ha heredado habían fragmentado a la sociedad.
Frente a este escenario, la alianza con fuerzas rusas fue concebida como una
estrategia viable, en parte inspirada en la experiencia vivida en la República
Centroafricana, donde se había logrado una reducción considerable de la
violencia criminal. No obstante, la realidad maliense evidenció sus propias
complejidades.
El intento de golpe de Estado en Mali, vivido hace algunas
semanas, se inscribió en una serie de movimientos políticos similares que, en
conjunto, pusieron en tensión los intereses franceses en la región. En
particular, los proyectos políticos de Burkina Faso y Níger, articulados con el
de Mali, incidieron directamente en el repliegue del despliegue militar francés
y norteamericano, al tiempo que interrumpieron los circuitos extractivos de
recursos estratégicos como el uranio en Níger, el oro en Burkina Faso y el
litio en Mali.
En Mali, la lucha contra los grupos terroristas yihadistas se
ha articulado con la persistente búsqueda de Francia por mantener su influencia
e intereses en la región, en tensión con los vínculos que el gobierno de Goita
ha establecido con Rusia, lo cual también dialoga con los intereses
norteamericanos. Por ello, la asonada golpista de fines de abril no debe
interpretarse como una expresión de una supuesta violencia “natural” de las
sociedades africanas, sino como el resultado de relaciones históricas de
dependencia y de intereses externos que encuentran en sociedades neocoloniales
un terreno fértil para su reproducción.
“Francia había intervenido militarmente
en Mali bajo el pretexto de combatir
el terrorismo yihadista; sin embargo,
ocho años después, la violencia, la injusticia
y
las desigualdades no solo persistían,
sino que se habían intensificado”
Recordemos que el 25 de abril, el Grupo de Apoyo al Islam y a
los Musulmanes JNIM (milicias yihadistas aliadas de Al Qaeda) y el Frente de
Liberación de Azawad FLA (independentistas tuareg) lanzaron ataques coordinados
en varias ciudades de Mali. Este episodio invita a problematizar, al menos, dos
procesos fundamentales:
En primer lugar, la posible asociación entre grupos
terroristas como el JNIM y fuerzas separatistas como el FLA con Francia, la
antigua potencia colonial de la región. Desde antes de los ataques, Goita había
acusado a Francia de respaldar a estos actores; y aunque los rebeldes tuareg
han mantenido históricamente una lucha contra el poder colonial francés, las alianzas,
en contexto de disputa geopolítica, son profundamente cambiantes.
En segundo lugar, la articulación entre fuerzas dispares como
el JNIM y el FLA, plantea interrogantes sobre la naturaleza se estas
convergencias: si bien la vinculación de un movimiento separatista con un grupo
afiliado a Al Qaeda -que ha incrementado la letalidad en sus ataques en la
región- resulta problemática, también evidencia que la violencia estructural y
el despojo continuo contra las poblaciones tuareg y arabizadas del norte no
pueden resolverse únicamente mediante un relevo en la competencia hegemónica
(antes Francia ahora Rusia), sino que exigen cuestionar las lógicas mismas de
su reproducción (subdesarrollo, marginación social, saqueo de sus recursos) es
decir, afrontar con determinación la actual disputa neocolonial.

